Se denuncian las abultadas deudas en multas de tránsito acumuladas por funcionarios públicos, superando en algunos casos los 26 millones de pesos, como en el caso del Ministro de Salud, y llegando a cifras aún mayores como los 87 millones de pesos de Patricia Bullrich.
Se cuestiona cómo es posible que estos funcionarios circulen con tantas infracciones sin que se les revoque el registro, sugiriendo un pacto de impunidad. Se resalta la hipocresía de quienes promueven la seguridad vial y el control mientras acumulan deudas millonarias, llegando incluso a ocultar patentes para evitar sanciones. La nota sugiere que el Estado, en lugar de aplicar la ley, parece proteger a estos infractores.