Se cuestionó la inacción del gobierno ante los discursos de odio y violencia, sugiriendo que la falta de condena se debe a "cuestiones presupuestarias" y al temor a perder votos en futuras elecciones.
Los panelistas argumentaron que los dirigentes no se atreven a pronunciarse en contra de estos discursos por miedo a perder sus cargos públicos y la posibilidad de ser votados. Se mencionó que esta situación se agrava por la ausencia de fiscales que actúen de oficio ante tales declaraciones.