El gobierno aceptó fijar un tope máximo del 25% a la extensión de tierras, aunque se advierte que esto podría ser una estrategia para bajar la tensión del debate.
Se critica que el proyecto no pone límites a la venta departamental, sino solo sobre el territorio nacional, manteniendo el espíritu de desnacionalización.
Se espera que el debate en el Congreso sea intenso debido a las diferencias en la interpretación del proyecto.