El paro docente tuvo un acatamiento dispar en las distintas provincias, con interpretaciones diversas por parte de los sindicatos y gobiernos. Mientras la Ctera reportó un alto acatamiento, cercano al 80%, otros gremios como UDA (afiliado a la CGT) no adhirieron y anunciaron medidas de fuerza, argumentando el respeto a la ley laboral que exige garantizar el 75% del servicio.
En las provincias cercanas al gobierno nacional (Caba, Mendoza, San Luis, Santa Fe) se reportó un acatamiento del 75% de la gente trabajando. Sin embargo, en otras provincias, como Buenos Aires, el acatamiento fue total, según la Secretaría de Educación, que incluso envió circulares pidiendo a los docentes no aceptar inspecciones del Gobierno Nacional sobre el cumplimiento de la ley laboral.
El secretario de Educación, Carlos Torrendel, calificó el paro como "político" y criticó que el foco no estuviera en la docencia o el sistema educativo. Por su parte, la Secretaría de Trabajo afirmó haber realizado un muestreo en 43 agencias para certificar que el 75% del servicio estaba cubierto.
Los reclamos de los gremios se centran en el salario nacional congelado (500.000 pesos) y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente desde finales de 2023. Buscan que el salario nacional docente sirva como piso para las demás provincias.