Se debate la Ley de Tierras, sancionada en 2011 por iniciativa de Máximo Kirchner, que establecía topes (15% o mil hectáreas) para evitar la concentración de tierras en pocas manos y fomentar la inversión extranjera. Sin embargo, la ley actual habría beneficiado a grandes terratenientes y perdido oportunidades de inversión.
La nueva propuesta busca ampliar el margen permitido de propiedad de tierras para extranjeros, pasando del 15% al 25% por provincia. Cada provincia tendrá la potestad de regular si permite o no la transferencia de tierras a extranjeros, y en qué porcentaje.
Se busca defender la soberanía nacional prohibiendo la compra de tierras en zonas de frontera por parte de estados extranjeros, y se requerirá doble autorización (provincial y nacional) para empresas con participación estatal extranjera en la toma de decisiones. Las tierras sobre acuíferos seguirán siendo de dominio público y no se podrán vender.