Se debate la nueva Ley de Tierras, que permitiría a extranjeros adquirir hasta el 100% de las tierras rurales, eliminando el tope anterior del 15%. Esta medida genera preocupación por la posible apropiación de recursos naturales y la soberanía territorial, especialmente en áreas estratégicas.
Se menciona que esta ley podría ser una estrategia del gobierno de Javier Milei para obtener votos, y se señala que el debate se sigue voto a voto en el Congreso. La posible aprobación de la ley genera inquietud ante la posibilidad de que inversores extranjeros, con intereses vinculados a potencias como Inglaterra, controlen vastas extensiones del territorio argentino, incluyendo lagos, ríos y rutas.
Además, se advierte sobre el riesgo de desalojos ilegales y la posibilidad de que municipios superen el límite de extranjerización actual, alcanzando hasta un 5% del territorio total. La oposición critica la celeridad y las implicaciones de esta ley, sugiriendo que podría comprometer la soberanía nacional.