Se discute una ley que busca reforzar el criterio de propiedad privada y agilizar los tiempos relacionados con la preservación de bosques nativos, sin perjudicar a quienes no son responsables de incendios.
La normativa pretende asegurar que el Estado pague por las expropiaciones y no se demore indefinidamente o pague con valores irrisorios, protegiendo así los derechos individuales de los ciudadanos.