Cristina Fernández de Kirchner sostiene que sus derechos humanos fueron violados con la última condena y planea recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, se aclara que una decisión favorable del comité no sería vinculante para el Estado argentino ni para la justicia local.
Se menciona la participación de abogados extranjeros, uno de Brasil y otro de España (vinculado a Pedro Sánchez), en la estrategia legal de la defensa. Se interpreta esta movida como una preparación para el ciclo electoral del próximo año, buscando el respaldo de la "izquierda internacional".