El proyecto de Federico Sturzenegger para desregular la ley de tierras, iniciado en marzo de 2024, busca facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros con el argumento de generar empleo. Sin embargo, se critica esta propuesta, comparándola con el gobierno de Mauricio Macri y su enfoque de "modernización", argumentando que no se han generado los puestos de trabajo prometidos y que se pone en riesgo los recursos naturales.
Se señala que la inversión extranjera directa no ha sido tan significativa como se esperaba, lo que llevó a la necesidad de un "RIGI 2". Además, se menciona que en localidades como Paraná Corrientes, a pesar de las promesas de inversión, no se ha visto un impacto real en la generación de empleo. La preocupación principal es el control de recursos naturales y la deforestación, aspectos que quedarían en manos extranjeras.