Se genera un fuerte cruce de acusaciones sobre la relación de los dirigentes sindicales con la dictadura y la democracia. Un interlocutor defiende la democracia sindical y niega ser corrupto, mientras que otro lo acusa de haberse ido del país y de haber votado leyes durante el menemismo.
Se critica a los dirigentes sindicales por, supuestamente, enriquecerse durante 30 años con el dinero de la gente y se cuestiona el discurso de la "burocracia sindical". Se hace referencia a la época en que uno de los interlocutores se habría "rajado del país" por persecución de la dictadura, en contraposición a quienes, según él, eran protegidos por el régimen.