Se debate el cambio en la agilidad de los desalojos de propiedades usurpadas en la Ciudad de Buenos Aires, pasando de procesos de hasta 20 años a resoluciones más rápidas. Se atribuye este cambio a la decisión política de Jorge Macri y a un aumento en las denuncias de vecinos afectados.
Se plantea la posibilidad de que la justicia actúe de forma más diligente, ya que en el pasado las órdenes de desalojo no se ejecutaban por falta de apoyo gubernamental. La responsabilidad se considera compartida entre la justicia y el poder ejecutivo.
Se espera que la firmeza en los desalojos disuada futuras usurpaciones. La administración de la ciudad ha recuperado más de 900 propiedades y continúa recibiendo denuncias, buscando así poner orden en la situación.