La justicia dejó firme la cautelar que ordena al gobierno nacional cumplir con la asignación de recursos definida en la ley de financiamiento universitario.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo devolvió el expediente a primera instancia, confirmando la vigencia de la medida cautelar a favor de las universidades públicas. La decisión obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios y becas estudiantiles.