Se busca reducir los tiempos de reuso de tierras incendiadas intencionalmente para preservar bosques nativos sin perjudicar a los propietarios. Si el incendio es intencional, el responsable es un delincuente y será juzgado penalmente. La ley refuerza el criterio de que la propiedad privada es inviolable y que el Estado debe pagar por las expropiaciones.
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