Se califica la ley de tierras como un "negocio" del gobierno de Javier Milei, del cual se afirma que es "corrupto". Se presenta al presidente como el "mayor fracaso" e "irresponsable" por intentar llevar a cabo este negocio. La presión de la gente, las redes sociales y los medios de comunicación fueron determinantes para frenar la ley.
Se señala que el gobierno no tuvo voceros claros para defender el proyecto, más allá de Patricia Bullrich y Nicolás Pino. Se menciona que la defensa se basó en la "seguridad jurídica", pero sin argumentar sólidamente los motivos a favor. La falta de apoyo y la presión en contra fueron contundentes.