Se argumenta que la política está intrínsecamente ligada a los problemas de usurpación de terrenos, ya que los punteros de barrio se benefician de estas situaciones. Se critica la falta de acción efectiva por parte de la política para resolver el problema.
Se menciona que la política presenta proyectos como el impuesto a la vivienda ociosa y debates sobre la propiedad privada, pero la justicia no actúa con la celeridad necesaria. Se sugiere que, durante años, se ha priorizado la posesión sobre el título de propiedad, lo que ha influido en la demora de los jueces.