El gobierno y la oposición discuten cambios en la ley de propiedad privada, con un proyecto que busca fijar un tope del 25% a la extranjerización de tierras. La medida apunta a regular la compra de propiedades rurales por parte de inversores extranjeros.
La nueva normativa surge en un contexto de debate sobre la tenencia de tierras y su impacto en la producción agropecuaria. La propuesta busca un equilibrio entre la inversión extranjera y la protección de la propiedad nacional.