Se discute la necesidad de una reforma judicial que aborde la legislación sobre internet y el aumento de penas para ciertos delitos, especialmente aquellos relacionados con abusos sexuales.
Se plantea la preocupación de que el aumento de penas pueda disuadir a las mujeres de denunciar, cuando en realidad la dificultad para denunciar radica en el propio proceso judicial y en la falta de apoyo. Se argumenta que la pena no es la única solución y que la educación es fundamental.