Se advierte que la ley actual podría permitir que enemigos históricos de Argentina adquieran tierras a través de testaferros, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Se cuestiona la capacidad de Argentina para controlar quién compra sus territorios, a diferencia de otros países que sí lo hacen.
Se menciona el caso de Misiones, donde una firma multinacional chilena habría comprado tierras en la frontera con Paraguay, violando supuestamente la ley. Se expresa frustración ante la posibilidad de que estas situaciones ocurran y se critica al gobierno por impulsar una ley que, según se argumenta, es rechazada por muchos nacionalistas dentro del mismo.