El Congreso debate un proyecto de ley que modifica el esquema de desalojos urbanos y rurales, proponiendo un proceso sumarísimo para agilizar los juicios. El juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble en cualquier etapa, con un plazo máximo de cinco días si el derecho invocado es verosímil y se presta caución juratoria.
En casos donde vivan menores, personas con discapacidad o adultos mayores vulnerables, el juez deberá notificar a organismos estatales y se establecerá un plazo de hasta 10 días para que se articule asistencia o una alternativa habitacional. Se prevé un reconocimiento del inmueble y la identificación de ocupantes en las primeras 72 horas, con intervención del defensor oficial.
El proyecto también busca eliminar la suspensión general de desalojos por 10 años para barrios populares registrados, argumentando que incentivó la irregularidad dominial. Se propone trasladar el proceso de regularización a provincias y municipios.
Además, se establece que las notificaciones enviadas al domicilio contractual tendrán plena validez, incluso si el inquilino se niega a recibirlas. La obligación de pagar alquileres finalizará desde que las llaves se pongan a disposición, siempre que el trámite se inicie dentro de los 10 días hábiles siguientes.