Se cuestiona la aplicación del criterio de conflicto de interés en el Congreso, argumentando que si se aplicara estrictamente, ningún legislador podría votar sobre temas relacionados con su actividad profesional. Se menciona el caso de exportadores, abogados, médicos y otros profesionales.
Se defiende la idea de que los miembros del Congreso provienen de diversos ámbitos y deben representar a la sociedad en su conjunto, tal como lo exige la Constitución en su artículo cincuenta y cinco. Se argumenta que la representatividad es fundamental en una república.