La discusión en torno a la ley de propiedad privada se intensifica en el Congreso, con fuertes críticas hacia la propuesta impulsada por Patricia Bullrich y Sturzenegger. Se cuestiona la narrativa oficial que presenta la ley como una solución a la "usurpación" y la "injusticia", argumentando que el Código Civil ya contempla mecanismos para el desalojo y que el problema real es la lentitud de la justicia.
Se advierte sobre la "letra chica" de la ley, sugiriendo que podría esconder intenciones ocultas, como la dificultad para futuras expropiaciones de bienes estratégicos por parte del Estado y la posible privatización de empresas como AISA. Se critica la falta de acceso al texto completo del proyecto por parte de los senadores, generando sospechas sobre su contenido real.
La ley también aborda el tema de los desalojos, proponiendo plazos de 72 horas. Sin embargo, se argumenta que esto podría ser perjudicial en un contexto de informalidad en los contratos de alquiler, donde la mayoría de los inquilinos no cuentan con recibos de pago, facilitando así los desalojos exprés sin un debido proceso de defensa.