Se cuestionó la redacción de un decreto por parte de un doctor Penco, quien se dedica a temas marítimos y trabaja para la empresa MERS. Se sospecha que esta empresa contrató al mencionado doctor para que redactara el decreto de manera personalizada para sus negocios, lo cual es criticado por ir en contra del bien público.
Se plantea la duda sobre si este tipo de servicios de redacción de decretos para empresas privadas son gratuitos o tienen un costo oculto, y se señala que legislar para el bien público debería ser la prioridad, en lugar de favorecer intereses privados como parece ocurrir en el actual gobierno.