El Senado debate un proyecto que establece límites al Estado Nacional para expropiar empresas, como YPF o AISA. El gobierno propone un criterio estricto para definir la "utilidad pública" que justifique una expropiación.
La iniciativa busca dar previsibilidad a los inversores y establecer un criterio para el lucro cesante del empresario afectado. Se discute el balance entre la intervención estatal y la seguridad jurídica.