Se discute la ausencia de controles sobre el consumo de drogas en la política argentina, contrastando con las medidas en Estados Unidos donde legisladores y miembros de agencias de seguridad se someten a tests.
Se plantea la hipótesis de que algunos políticos podrían haber ejercido sus funciones bajo los efectos de sustancias, y se sugiere que la falta de controles permite esta situación.
Se menciona el caso de un intendente que declaró estar "libre de consumo" tras 310 días, lo que generó debate sobre si estuvo ejerciendo el cargo bajo efectos de drogas, y si esto debería ser causal de destitución.