Se denuncian presuntos negocios detrás de la ley de tierras y el RIGI impulsados por el gobierno de Javier Milei.
Se señala a Juan Ignacio Penco, abogado especialista en derecho marítimo y socio de un estudio que trabaja para la multinacional danesa MERSC, como redactor del decreto de los prácticos. Se afirma que este tipo de leyes se crean para beneficiar a empresas privadas.
Además, se apunta a Joaquín Beneglín, senador de Entre Ríos, como uno de los promotores de la venta de tierras, vinculándolo a una empresa que se jacta de haber vendido más de 3 millones de hectáreas y tener experiencia en la venta de áreas protegidas, estuarios y zonas con acuíferos como el Guaraní.
Se critica que el gobierno, a través de estas leyes, estaría facilitando la venta de recursos naturales y áreas protegidas a empresas privadas, generando negocios detrás de cada iniciativa.