La convocatoria actual, aunque centrada en la ley de tierras, se nutre del descontento acumulado por temas como el financiamiento universitario y la discapacidad, que han afectado a diversos sectores de la sociedad.
Se sugiere que la decisión del gobierno de no avanzar con ciertos capítulos de la ley no responde a una escucha de la calle, sino a la necesidad de votos para la campaña electoral, evidenciando una desconexión entre el poder ejecutivo y las demandas ciudadanas.