El gobierno se vio obligado a retirar el capítulo de extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada, considerado el "alma" del proyecto, debido a la presión de la sociedad argentina. A pesar de esta baja, otros tres capítulos polémicos de la ley continúan en debate.
La decisión representa una derrota para el oficialismo, que buscaba aprobar la totalidad del proyecto. La lucha de la sociedad civil fue fundamental para frenar la venta de tierras y proteger los recursos argentinos.