El gobierno nacional considera esta ley como parte fundamental de su plataforma, argumentando que la propiedad privada ha sido vulnerada durante décadas, especialmente en relación con los derechos de los propietarios frente a los inquilinos y los desalojos express.
Se argumenta que la narrativa de la izquierda busca imponerse al hablar de soberanía afectada, cuando en realidad lo que se ve afectado es la propiedad privada. Se menciona la situación en la Patagonia, donde se alega que pueblos originarios, como los mapuches o maputruchos, han realizado apropiaciones indebidas de territorios que ya tenían propietarios asignados.
La ley se presenta como vital para el gobierno para abordar estas situaciones y devolver tierras a sus legítimos dueños, frente a lo que se describe como una vulneración de la propiedad privada y ocupaciones ilegales.