Se aborda la judicialización de conflictos como una respuesta civilizada ante la imposibilidad de obtener soluciones por otras vías. Se reconoce que, si bien los tribunales pueden ser lentos y costosos, representan la última oportunidad para hacerse escuchar.
Se critica la inacción del Estado en el pago de expropiaciones, incluso cuando existen sentencias favorables, y se señala que las declaraciones de utilidad pública a menudo quedan en meras declamaciones sin un fin claro o pago efectivo.