Se discute la diferencia entre legalidad y legitimidad en el marco de las leyes y ordenamientos procesales. Se señala que una norma puede ser legalmente válida pero no necesariamente legítima en su aplicación o consecuencias.
Se hace referencia a la existencia de plazos de diez días para desalojos en ordenamientos procesales, subrayando que esto es una cuestión técnica y que la justicia debe ser accesible como última instancia para resolver conflictos.