Se debate la propuesta del gobierno de permitir la compra de tierras por parte de extranjeros, fijando un tope del 25%. Se critica que esta propuesta no aborda el problema de fondo, ya que no diferencia entre propiedad nacional y subnacional, lo que genera la oposición de los gobernadores.
Se argumenta que la tierra es un elemento de soberanía y que las decisiones sobre su venta deben ser tomadas con la facultad de las provincias. Se señala que la propuesta del gobierno carece de solidez y no considera la opinión de los mandatarios provinciales, quienes defienden los intereses de sus territorios.