El debate sobre la ley de tierras se intensifica al analizar los límites y la posible atracción de inversiones. Se plantea que, si bien el 5% del territorio argentino ya pertenece a extranjeros, la ley vigente establece topes del 15% en nación, provincia y departamento. La pregunta que surge es por qué el gobierno no alentó la inversión en el 9% restante.
Se argumenta que en países como Estados Unidos existen restricciones para la compra de tierras en zonas de frontera por cuestiones de seguridad nacional. Se critica la falta de coherencia en el discurso y se señala que el gobierno podría estar ocultando información sobre las verdaderas intenciones detrás de la ley.
Se sugiere que la ley, tal como estaba planteada, no era tan restrictiva como se presentaba y que el gobierno subestimó el contexto político y la opinión pública al abordar el tema.