El exfuncionario Javier Iguacel declaró que durante el gobierno kirchnerista se pagaron sobrecostos del 40% en obras públicas, destinados a financiar sobornos. Según Iguacel, existía una "cueva" donde se compraban pliegos para licitaciones, limitando la participación a un grupo selecto de empresarios.
La fiscal Fabiana León investiga una red de empresas que se repartían las obras a través de licitaciones fraudulentas y sobreprecios, con la complicidad del Ministerio de Planificación Federal. El dinero de los sobornos, que debían ser en dólares, se pagaba a través de certificados de obra y anticipos financieros.
Ernesto Clarence, figura central en la triangulación de fondos, era el encargado de convertir los pesos a dólares para el pago de coimas. Las declaraciones de Iguacel se suman a las confesiones de empresarios arrepentidos y corroboran la existencia de una estructura de corrupción en la obra pública.