La presión social y mediática obligó a senadores y gobernadores a reconsiderar su postura y oponerse a la ley de propiedad privada, tras haberse mostrado inicialmente dispuestos a avalarla.
La movilización y el debate público generaron vergüenza en algunos legisladores, quienes decidieron no votar a favor del proyecto. La sociedad civil jugó un rol fundamental al visibilizar las implicaciones de la ley y presionar a sus representantes.
Se destaca que la oposición a la ley no fue un acto heroico de los senadores, sino una respuesta a la presión ciudadana y a la necesidad de mantener una imagen pública favorable en sus provincias.