Se acelerarán los procesos de desalojo, beneficiando a los propietarios y potencialmente perjudicando a los inquilinos. Bajo la nueva normativa, un juez podrá resolver solicitudes de desalojo en un plazo de cinco días, basándose únicamente en una declaración jurada del propietario, eliminando la necesidad de respaldo patrimonial (caución real).
Esta medida otorga mayor poder a los propietarios, simplificando los procedimientos y reduciendo las garantías para los inquilinos, lo que genera preocupación sobre la seguridad habitacional.