El oficialismo propone modificaciones al régimen de expropiaciones, buscando acotar el concepto de "utilidad pública" a un criterio más restrictivo. Se busca calcular el valor indemnizable de un bien expropiado tomando como referencia el momento inmediatamente anterior a cualquier acto oficial relacionado con la expropiación, en lugar de la fecha del juicio.
El monto a indemnizar se actualizará por el índice de precios al consumidor más una tasa de interés comercial. Se contempla la posibilidad de incluir el lucro cesante si el afectado logra acreditarlo. Además, se limita la ocupación temporal por parte del Estado a un máximo de 60 días, con una única prórroga de 30 días en casos de emergencia justificada.