El senador Joaquín Benegalich es señalado por un presunto conflicto de interés al participar en el debate de la ley de tierras, a pesar de tener vínculos comerciales con el sector.
Se cuestiona su ética y probidad, ya que se argumenta que promueve una ley que podría beneficiarlo directamente, contraviniendo los principios de un gobierno que prometió combatir el uso de la política en beneficio propio.
Aunque no existiría un impedimento legal explícito, se subraya la incompatibilidad ética de su accionar con la función pública y la necesidad de que los legisladores expliciten sus intereses.