El ministro Federico Sturzenegger impulsa un anteproyecto de ley para derogar un artículo que obliga a los organismos públicos a contratar traductores matriculados para la traducción de documentos públicos.
Los traductores públicos, representados por Damián Santilli, argumentan que su labor va más allá de la simple traducción de idiomas, ya que implica el conocimiento de los sistemas jurídicos de los países de origen y destino, garantizando la seguridad jurídica de los documentos.
Actualmente, la ley exige la contratación de traductores matriculados por el Colegio de Traductores de la República Argentina, pero Sturzenegger busca flexibilizar esta normativa, permitiendo a los funcionarios públicos decidir cuándo es necesaria la intervención de un traductor.