El Senado debate una ley que modifica los plazos de desalojo y restringe las expropiaciones, buscando brindar mayor seguridad jurídica a los inversores.
Se establecen plazos de 10 días para la intimación en casos de desalojo, con alternativas habitacionales para grupos vulnerables. Además, se imponen requisitos más estrictos para las expropiaciones, incluyendo el pago de lucro cesante y la prohibición de disponer del bien hasta que se complete la indemnización.
Estos cambios buscan atraer inversiones extranjeras y limitar la discrecionalidad política en materia de expropiaciones. Sin embargo, algunos sectores, como el de la ley del fuego, generan disidencia entre los aliados del oficialismo.