Se debate en el Congreso una nueva ley de "desalojo exprés" que busca agilizar los procesos de desalojo de inquilinos, permitiendo que en casos de falta de pago o incumplimiento contractual, el proceso se acelere significativamente.
La propuesta, que ya cuenta con media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados, podría reducir drásticamente los plazos, permitiendo iniciar acciones legales a partir del día siguiente al vencimiento del pago y con un plazo de 10 días para regularizar la situación antes de que proceda el desalojo.
Expertos legales advierten que esta ley podría dejar desprotegidos a los inquilinos, especialmente a aquellos que operan bajo contratos informales o acuerdos de palabra, ya que la nueva normativa priorizaría la prueba documental, dificultando la validación de acuerdos no escritos.
La iniciativa genera preocupación por la posible desprotección de los inquilinos y la potencial eliminación de la informalidad en los contratos de alquiler, obligando a la formalización de todas las transacciones inmobiliarias.