La infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado ecuatoriano es un problema grave que socava la confianza en las instituciones. La corrupción en la justicia, policía y fuerzas armadas permite la impunidad de grupos delictivos.
Se cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad, señalando que el enfoque en microtraficantes y consumidores no ataca las raíces del problema, como el lavado de dinero y la financiación de mafias. Las investigaciones contra importantes bancos por lavado de dinero, sin resultados concretos, evidencian esta falencia.
La falta de control en los puertos, por donde se exporta gran parte de la droga, y el desastre del sistema penitenciario, que ha pasado de ser controlado por mafias a convertirse en "bodegas humanas", son otros puntos críticos.
En Ecuador no existen políticas de rehabilitación social ni reinserción. Las penas no se cumplen y las medidas sustitutivas se otorgan arbitrariamente, beneficiando a miembros del crimen organizado y generando una creciente pérdida de confianza en el sistema estatal.