Se criticó que el Estado prioriza los negocios con empresas extranjeras por sobre las necesidades internas.
Se argumentó que la carga ferroviaria, si fuera estatal, podría generar ingresos significativos y financiar el transporte de pasajeros sin necesidad de aportes estatales.
Se señaló que la carga ferroviaria está en manos privadas desde la década del 90, y no al servicio del Estado.