Se critica duramente la ley de expropiaciones, considerándola peligrosa y un robo de empresas del Estado.
Se argumenta que la ley imposibilita al Estado realizar obras públicas como caminos, acueductos, escuelas u hospitales, al dificultar el proceso de expropiación establecido en la Constitución.
Se menciona que la ley pone al sector privado por encima del Estado, afectando los beneficios para el conjunto de la sociedad argentina.
Se expresa indignación por la aprobación de esta ley, calificándola de "vergüenza" y "disparatada".
Se hace un llamado a los gobernadores para que actúen ante esta situación.