Se cuestionó la lógica detrás de las restricciones sobre tierras incendiadas, argumentando que perjudica al propietario que pierde dos veces: la producción y la posibilidad de trabajar su tierra. Se señaló que la justicia es la única que debe decidir sobre el uso de la tierra tras un incendio, no decisiones administrativas.
Se criticó la idea de que un propietario que sufre un incendio deba perder el derecho a trabajar su tierra, considerando que esto es profundamente injusto y burocrático. Se mencionó que las provincias son las dueñas del medio ambiente según la Constitución.
Se afirmó que el que quema un campo debe pagar por ello, pero se cuestionó la lógica de perjudicar al propietario que sufre un incendio. Se especuló sobre la posibilidad de que algunos busquen cambiar el uso del suelo para especulación inmobiliaria, en complicidad con quienes modifican leyes.
Se recordó la comisión redactora del Código Civil y Comercial de 2012, integrada por miembros de la Corte Suprema, sugiriendo que hubo decisiones previas que podrían haber influido en la legislación actual.