Se debate la actuación de la justicia frente a las detenciones realizadas durante un acto, comparando la cantidad de detenidos con episodios pasados y la posible liberación de los mismos al día siguiente.
La discusión se centra en si la justicia de la ciudad o la justicia federal (Comodoro Pi) tiene competencia, determinando si el hecho constituye un atentado contra la democracia o un delito federal, especialmente si afecta a edificios federales como la Casa Rosada.
Se analizan las penas aplicables, que van de un mes a un año o de seis meses a dos años, dependiendo de si se considera la piedra como un arma impropia y si se configura un concurso de delitos como atentado, resistencia a la autoridad o daño.