Se debate la agilización de los procesos de desalojo para inmuebles usurpados, considerándolo necesario para proteger a los propietarios. Sin embargo, se plantea la preocupación por la situación de las familias que no pueden pagar el alquiler y podrían quedarse sin vivienda.
Se cuestiona si es justo un desalojo expeditivo sin ofrecer una solución habitacional a quienes atraviesan dificultades económicas, resaltando la complejidad del tema y la necesidad de un equilibrio entre los derechos de propietarios e inquilinos.