El debate sobre la nueva ley de alquileres se intensifica en el Congreso, con la Cámara de Diputados aún sin darle media sanción. Enrique Abati, de la Cámara de Propietarios, expresó su apoyo a la ley, argumentando que garantizará el derecho a la propiedad y fomentará la inversión en inmuebles para renta, lo que a su vez impulsará la industria de la construcción.
Según Abati, la nueva ley agilizaría los procesos de desalojo en caso de incumplimiento de pago por parte de los inquilinos. Si un inquilino no paga el alquiler, el propietario podría intimarlo a los 10 días y, de persistir la mora, iniciar acciones legales para el desalojo.
Actualmente, el Código Civil y Comercial establece un plazo de 10 días para intimaciones en casos de vivienda, pero para otros destinos como oficinas o locales comerciales, el proceso de desalojo puede iniciarse al día siguiente del vencimiento del contrato. La nueva ley busca unificar y agilizar estos plazos.
Sin embargo, Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos, cuestionó la efectividad de la ley, señalando que la construcción sigue en crisis a pesar de la derogación de la ley anterior. También planteó la problemática de los contratos informales y los pagos en efectivo, que dificultan la demostración de la relación locativa y la protección de los inquilinos ante desalojos arbitrarios.