La reciente media sanción en el Senado de la Ley de Propiedad Privada genera debate sobre sus implicancias para los inquilinos. La ley establece plazos de 10 días para regularizar pagos de alquiler o enfrentar desalojo, con jueces facultados para emitir órdenes de desalojo en 72 horas.
Se cuestiona la viabilidad de esta ley en el contexto económico actual, donde muchos hogares dependen de un solo ingreso y los pagos pueden demorarse. Se critica la falta de regulaciones similares para asegurar que las empresas paguen a sus empleados en tiempo y forma, generando una asimetría de poder entre empleadores y trabajadores.
La preocupación se centra en que la ley podría agravar la situación de vulnerabilidad de quienes alquilan, especialmente aquellos en situación de informalidad laboral o con ingresos inestables, y se plantea la necesidad de un equilibrio normativo que proteja a ambas partes.