El debate sobre la ley de tierras se centró en las restricciones para la compra de extensiones por parte de estados extranjeros o empresas con participación estatal. Se aclaró que los recursos del subsuelo no pertenecen al superficiario y que las concesiones son administradas por las provincias.
Se discutió la necesidad de establecer límites a las jurisdicciones provinciales para el ordenamiento territorial, pero resguardando zonas estratégicas. La ley actual no contemplaba esto, y se buscaba que los estados extranjeros no pudieran adquirir tierras sin doble conforme del gobierno nacional y provincial.
Se aclaró que la inversión extranjera no implica pérdida de soberanía, citando ejemplos de empresas multinacionales operando bajo legislación argentina. Sin embargo, se criticó la falta de explicación del proyecto a la sociedad y la ausencia de voceros del oficialismo defendiendo la iniciativa.