Se cuestionó la política de "moral como política de Estado" que habría terminado con la renuncia del jefe de gabinete, señalando la llegada de un nuevo funcionario sobre quien pesan acusaciones de corrupción provenientes de los servicios de inteligencia de Macri.
La discusión se centró en la deuda con las provincias, mencionando que a la provincia de Buenos Aires le deben 10 mil millones de dólares y a otra provincia cercana a 500 mil millones de pesos. Se criticó que a las provincias con "caja" no se les ha otorgado financiamiento.
Se puso en duda la sostenibilidad del superávit fiscal, calificándolo de "muerto" y sin credibilidad. Se cuestionó la "libertad económica" promovida por el gobierno, preguntando por la situación de las pymes y los 340 mil desempleados.
Finalmente, se denunció una "brutal represión" en manifestaciones populares, calificándola de "vergonzosa". Se describieron operativos policiales como "burdos" y se sugirió la presencia de infiltrados para generar disturbios y justificar la dispersión de la marcha.